Es recurrente escuchar críticas hacia el aumento del empleo estatal en municipios como Simoca (carta del lector Luis O. Pérez Cleip del 05/07), comparando livianamente los números de hoy con los de 1980. Sin embargo, ese análisis contable comete un error grave: ignora la historia de desmantelamiento que sufrió nuestro interior profundo. El crecimiento del empleo público no nació de un capricho político, sino de una necesidad de supervivencia que, para entenderla, hay que tener memoria. El siniestro plan comenzó en 1966 con el cierre masivo de ingenios decretado por Onganía, que destruyó el sustento de miles de minifundistas cañeros en la región (aunque el decreto de Onganía cerró directamente 11 ingenios en Tucumán, el impacto en el departamento de Simoca fue devastador, por su cercanía con el Ingenio Bella Vista y el Ingenio Trinidad, que sobrevivieron, pero redujeron drásticamente su personal). El tiro de gracia lo dieron la dictadura de 1976 y las políticas neoliberales de los años 90 (Menem), que sepultaron el ferrocarril bajo el lema “ramal que para, ramal que cierra”. El departamento Simoca se caracterizaba por ser una llanura de pequeños y medianos minifundistas cañeros. Al no tener un ingenio propio dentro de sus límites departamentales, toda esa inmensa producción de materia prima se trasladaba históricamente a los ingenios más cercanos. Al quitarle su conectividad ferroviaria y su matriz productiva industrial, el sector privado quedó reducido a la subsistencia, ya que ninguna gran empresa invierte donde se destruyó la logística y la conectividad. Ante este desierto económico, las opciones para los simoqueños eran drásticas: la indigencia o el éxodo masivo hacia los cordones de miseria de las grandes ciudades. El Estado tuvo que intervenir como la única red de contención social posible. Hoy, ese empleo público -en escuelas, comunas, salud y seguridad- no solo garantiza derechos básicos, sino que sostiene el consumo local del que viven los pocos almacenes y talleres privados que resisten. Por cierto: ¿buscó información sobre la población que Simoca tenía en 1980 y la que tiene hoy? Le cuento que creció y, lógicamente, también lo hizo el empleo público, que debe atender la mayor demanda. Antes de calificar este crecimiento como “injustificable”, hay que hacerse cargo del daño estructural que los gobiernos centralistas les causaron a nuestros pueblos. El empleo estatal en el Interior no es un exceso, sino la consecuencia directa de una deuda histórica de la que el centralismo portuario y los gigantes que monopolizaron la tierra y la industria, no quieren hablar y que todavía nadie ha querido pagar.
Javier Ernesto Guardia Bosñak
Javierucr1970@gmail.com